Colegios subvencionados a Contraloría

Las agrupaciones de colegios particulares Conacep, CCPS, REDCOL Biobío y REDCO V Región, pidieron a la contralora Dorothy Pérez declarar la ilegalidad del dictamen de la Superintendencia de Educación, señalando que el organismo actuó fuera de sus atribuciones, hizo una interpretación errónea de la Ley General de Educación y puso en riesgo financiero a los colegios (lea el documento completo)

Mediante una presentación ante la contralora Dorothy Pérez, los colegios particulares subvencionados, agrupados en dos de sus principales organizaciones, la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep) y la Coordinadora Nacional de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados (CCPS), solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad del dictamen N°75 de la Superintendencia de Educación.

• El dictamen emitido el 21 de julio por la superintendenta subrogante Marggie Muñoz, establece la “prohibición de imponer medidas disciplinarias a estudiantes e impedir la renovación de matrícula por el no pago de compromisos pecuniarios de sus padres, madres y apoderados, por razones socioeconómicas, en establecimientos educacionales con financiamiento compartido”.
• En concreto, el dictamen -que fue respaldado por el ministro de Educación Nicolás Cataldo-, hace una interpretación de la Ley General de Educación (LGE) y de la Ley de Subvenciones, y señala que los establecimientos no podrán cancelar matrículas por deudas de los apoderados y que éstas solo podrán ser cobradas por la vía judicial. Además, serán los colegios los que deberán determinar si la morosidad de los padres se debe a problemas socioeconómicos.
• Para los colegios esto pone en riesgo su viabilidad financiera y la Superintendencia actuó fuera de sus atribuciones.

Interpretación errónea. Según el documento de CONACEP y CCPS, que también suscriben REDCOL Biobío y REDCO V Región, la interpretación realizada por la Supereduc transgrede la Constitución y además las propias potestades que tiene la Superintendencia al imponer a los colegios deberes no previstos en la legislación.

• Esto al exigir que los colegios “certifiquen la situación socioeconómica de los contratantes”.
• Además, señalan, realizan una interpretación errónea de la LGE, que sólo impide cancelar la matrícula durante el año escolar en curso, pero no aborda la matrícula del año siguiente.
• A juicio de los colegios, la Superintendencia confunde los conceptos de cancelación de matrícula con no renovación de la misma, y da una prevalencia a la Ley de Subvenciones por sobre la LGE. “El oficio interpreta erradamente que la Ley de Subvenciones habría derogado tácitamente lo dispuesto en la Ley General de Educación”, sostienen.
• Además señalan que es un pronunciamiento ilegal de la Superintendencia de Educación “pues su potestad interpretativa ha sido ejecutada con infracción al marco jurídico vigente” e impone restricciones no previstas por la Ley de Inclusión Escolar.

Riesgo para la viabilidad del sistema. Los colegios argumentan que los aportes privados siguen siendo un insumo clave hasta que se elimine totalmente el financiamiento compartido:

• “El aporte privado es sustantivo para el funcionamiento del sistema educativo pues no existe en la actualidad la posibilidad que el Estado financie
  íntegramente a dichos establecimientos”.
• “Esto último es lo que precisamente afecta el dictamen ilegal de la Superintendencia de Educación, esto es, la viabilidad del sistema educativo subvencionado; mecanismo que necesita para su funcionamiento el aporte privado para cumplir con la prestación del sistema educativo, pues el Estado de Chile no cuenta en la actualidad con los recursos suficientes para financiar un sistema puramente financiado con caudales públicos”.

Colegios afectados. Según un informe elaborado por Acción Educar, del total de 10.444 establecimientos de educación parvularia, básica y media que reciben fondos públicos, 9.733 colegios son gratuitos y 711 —un 6,8%— tienen financiamiento compartido, por lo que se verían afectados por el dictamen.

• En los colegios con copago, se registra un total 546.967 alumnos matriculados, lo que representan a un 16,9% de los alumnos de establecimientos con financiamiento estatal.
• Aunque en la reforma educacional del segundo mandato de Michelle Bachelet se buscaba terminar definitivamente con el copago, se permitió mantener el financiamiento compartido, mientras el Estado no pueda entregar mayores recursos a los establecimientos.
• Además de Contraloría, algunos sostenedores están recurriendo contra el dictamen a través de los tribunales de justicia

Fuente: Ex - Ante.